Esta semana, la Función Judicial de Ecuador lanza una nueva jornada nacional de remates de carros a través de su plataforma virtual oficial, que estará disponible del miércoles 15 al viernes 17 de julio de 2026. Este mecanismo público permite a la ciudadanía acceder a vehículos embargados en juicios coactivos de manera directa, transparente y segura.
Los interesados encontrarán una amplia oferta de precios, modelos y años. Entre las opciones más económicas destacan:
- Chevrolet Spark 2012: $3.200, compacto urbano con transmisión manual y motor 1.2L, ideal para quienes buscan movilidad en ciudad.
- Kia Picanto 2014: $4.500, hatchback compacto, transmisión manual, motor 1.0L, aire acondicionado y bajo consumo de combustible.
- Hyundai i10 2013: $5.000, modelo urbano funcional con transmisión manual, motor 1.1L, vidrios eléctricos delanteros y buena maniobrabilidad.
También se ofertan vehículos de gama alta, como:
- Toyota Fortuner 2019: $28.000, SUV todoterreno, transmisión automática, motor 2.7L, tres filas de asientos, tapicería de cuero y óptimo estado mecánico.
- Chevrolet Trailblazer 2018: $22.000, SUV 4x4 con transmisión automática, tres filas de asientos y motor diésel.
- Hyundai Tucson 2017: $18.500, SUV familiar, transmisión automática, motor 2.0L, frenos ABS y airbags frontales.
Para participar, es indispensable ser mayor de edad y contar con una cuenta activa en la plataforma del Consejo de la Judicatura. Se requiere realizar un depósito equivalente al 10% del valor ofertado (o el 15% en caso de pago inmediato) en la cuenta del juzgado encargado de la causa.
El proceso es 100% digital y evita la intervención de terceros. Basta con ingresar a la plataforma oficial, seleccionar el vehículo de interés, presentar la oferta económica y adjuntar el comprobante del depósito de garantía. Al cierre del periodo, el juez evalúa las propuestas y adjudica el bien a la oferta más beneficiosa.
Esta modalidad garantiza un trámite legal, seguro y accesible para quienes deseen adquirir un vehículo en Ecuador, contribuyendo a resolver deudas pendientes y fortaleciendo la transparencia en la adquisición de bienes mediante remate judicial.
