La principal alianza de fabricantes de automóviles en Estados Unidos pidió al Congreso que apruebe una prohibición permanente para la venta, importación y fabricación de vehículos chinos y de su tecnología conectada, con el objetivo de que la medida entre en vigor antes del 3 de enero de 2027.
La Alliance for Automotive Innovation, que representa a las grandes automotrices que operan en el país, envió una carta a los líderes del Congreso para exigir una acción legislativa antes de que termine el actual periodo de sesiones. El pedido ocurre en medio de un aumento de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín por aranceles, subsidios industriales y la llegada de autos chinos considerados de bajo costo.
Seguridad nacional y disputa comercial
John Bozzella, presidente y director ejecutivo de la asociación, advirtió en la carta que la fabricación automotriz china está vinculada a prácticas de comercio desleal, subsidios estatales, robo de propiedad intelectual y posibles riesgos de vigilancia. La preocupación central es que los vehículos conectados de origen chino puedan recopilar y enviar datos sensibles de los conductores estadounidenses a China.
Bozzella señaló que, aunque la amenaza aún no se ha materializado en suelo estadounidense, la dimensión global del fenómeno obliga a actuar de forma preventiva. Por eso, la alianza pide que la restricción se convierta en una política permanente antes del próximo receso legislativo.
El umbral del 15% y su impacto en otras marcas
El proyecto de ley que se discute en el Senado propone vetar a las empresas automotrices con más del 15% de propiedad china. Esa definición podría afectar a compañías internacionales que no son chinas pero que tienen inversión parcial proveniente de China, como Mercedes-Benz, cuyo mayor accionista es el grupo chino BAIC con cerca del 10% de los derechos de voto.
El alcance real de la norma dependerá de la redacción final de la legislación y de cómo se calcule la propiedad vinculada a capital chino. Una propuesta similar fue presentada en la Cámara de Representantes por los legisladores Debbie Dingell y John Moolenaar, con el fin de proteger a la industria automotriz de Detroit frente a la competencia extranjera y al posible flujo de datos de los autos conectados.
Los automóviles modernos capturan grandes volúmenes de información sobre los usuarios y su entorno. Hasta ahora no se han reportado casos comprobados de envío de datos de conductores estadounidenses al gobierno chino, pero el sector advierte que se trata de una evaluación de riesgo. La discusión combina seguridad nacional, protección de datos y acusaciones comerciales por subsidios y ventas por debajo del precio de mercado.
Si la prohibición se aprueba, las automotrices internacionales tendrán que revisar inversiones, proveedores y estructuras accionariales para mantener sus operaciones en Estados Unidos. Una regulación amplia podría reducir la oferta de vehículos y tecnología, y modificar la cadena de suministro automotriz a nivel global y local.
El proyecto todavía debe atravesar el proceso legislativo, con margen para cambios sobre el umbral de propiedad aceptable y los productos incluidos. La decisión final definirá el alcance del veto y sus consecuencias para la industria, los consumidores y las relaciones comerciales entre ambas potencias.
